Abdelmalik (nombre ficticio para proteger su identidad) está ahora tranquilo. Hace algo más de un año que duerme fuera del módulo de primera acogida del centro de menores de La Purísima, en Melilla, en el que residen chavales, en su mayoría marroquíes, tutelados por la ciudad autónoma. Lo anuncia casi con orgullo: “Ahora estoy bien. Allí hay demasiada gente”. Sus compañeros recién llegados, o aquellos que se rebelan contra las normas estrictas del centro no tienen tanta suerte.

Imágenes difundidas por un grupo de voluntarias que trabaja con menores, y a las que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan las lamentables condiciones en las que el centro mantiene a los chavales acogidos: cuatro filas de colchones en literas corridas, sin espacio, apenas, para mover una pierna; baños insalubres; futones echados al suelo sobre los que no queda más recurso que apelotonarse en grupos para dormir. Algunos de los que pasan por el centro confiesan a menudo que la situación en las instalaciones les empuja a escapar y acaban durmiendo en la calle.

El Gobierno de Melilla alega que la situación le sobrepasa. “A día de hoy tenemos 886 menores en La Purísima”, cifra el viceconsejero del Menor, Abderrahim Mohamed. Pero, de ellos, 600 están en el dispositivo de primera acogida, diseñado para atender a 350. Según Mohamed, la ciudad autónoma trabaja en la habilitación de nuevos espacios para trasladar a unos 400 chavales. Los nuevos recursos son módulos prefabricados que se instalarán en un terreno cercano al actual centro, en la periferia de la ciudad.

“El objetivo es disminuir la saturación y devolver el centro [La Purísima] a lo que antiguamente era”, explica. El proyecto, asegura, estará listo para salir a licitación en menos de seis meses y se enmarca en la iniciativa que estudia el Ministerio de Sanidad para que sea el Estado el que asuma la atención a menores en primera acogida y los derive, progresivamente, desde los puntos de mayor concentración hacia otras comunidades autónomas.

En Melilla, la situación de los menores que cruzan solos la frontera es casi límite. Muy pocos esquivan el trámite de La Purísima, donde el problema no se limita al estado de las instalaciones. “Los menores tienen una hora de entrada”, comenta un trabajador del extinto programa de educadores de calle. “Si incumplen ese horario, no pueden entrar”. Se quedan tirados en la calle, según confirma la Policía Local. El traslado a otros módulos, mejor acondicionados, se suspende, lo que convierte a la estancia en primera acogida en un castigo.

En diciembre de 2019, la consejera de Hacienda, Nuria Almansuri, que había tomado posesión un mes antes, remitió un escrito a la Fiscalía de Menores en el que denunciaba la situación del que es el único macrocentro de acogida en la ciudad, gestionado a través de una concesión por la empresa Arquisocial. Semanas antes, Almansuri denunció las condiciones en las que encontró a los chavales tras una visita sorpresa al centro. “Firmar este contrato es cometer una ilegalidad; nos encontramos con que las condiciones que dieron lugar a la licitación son totalmente distintas”, declaró. Aun así, la consejera acabó firmando la prórroga del contrato, que será la última, porque para 2021 habrá un nuevo concurso público.

Contrato

La empresa lleva una década encadenando contratos de dos años prorrogables, por valor de más de 4,5 millones de euros anuales. La ciudad autónoma recibe, de forma excepcional (junto a Ceuta) y directa, una subvención estatal anual y nominativa. En octubre de 2019, el Ejecutivo local recibió 4,1 millones.

En Melilla existen otros dos recursos de acogida que funcionan con distinta fórmula de financiación y que, a diferencia de La Purísima, no solo acogen a menores inmigrantes. El centro conocido como Gota de Leche, dependiente directamente de la ciudad, atiende a menores melillenses y, entre los migrantes, a niñas y a los más pequeños, además de a ancianos. La Divina Infantita, gestionado por una orden católica, solo acoge a niñas. Entre ambos centros apenas superan los 200 internos.