Alfred Bosch, exconsejero de Exteriores, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta.
Alfred Bosch, exconsejero de Exteriores, y la portavoz de ERC, Marta Vilalta.Marta Pérez / EFE (EL PAÍS)

La mayoría de partidos arremetieron ayer contra ERC por la gestión del caso de acoso sexual en el departamento de Acción Exterior. El escándalo se saldó el pasado lunes con la renuncia del ‘conseller’ Alfred Bosch por no activar el protocolo antiacoso de la Generalitat y haber protegido a su exjefe de gabinete Carles Garcias. Más allá de las críticas, algunas incluso compartidas en las filas republicanas, en ERC sienten que sus socios de Govern intentan sacar rédito electoral del caso. La Generalitat ha detectado diez casos de acoso desde 2015.

El PSC cargó con dureza contra Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de Esquerra, después de que afirmara que su partido había puesto, con la dimisión de Bosch, el “listón muy alto” en cuánto a exigencia ética. La diputada Alicia Romero consideró muy “desafortunada” esa valoración y subrayó que ERC no actuó con “celeridad” para tratarse de un “partido de izquierdas y feminista”. Romero tachó de “indecente” que Bosch intentara “recolocar” Garcías.

El exjefe de gabinete de Bosch fue relevado el pasado 24 de enero después de que se tuviera constancia de que hubiera acosado a ocho trabajadoras del departamento. ERC intentó el lunes capear el asunto, que trascendió por una información periodística pero le superó la presión. “Lo he hecho lo mejor que he sabido”, lamentó Bosch cuando presentó su dimisión. Su sustituta temporal será la republicana Teresa Jordà, consejera de Agricultura.

La portavoz de los Catalunya en Comú, Susanna Segovia, portavoz de los ‘comunes’, reclamó “tolerancia cero” y atribuyó la marcha de Bosch a “su mala gestión”. “Queremos que se llegue al fondo de la cuestión y no quede impune ningún responsable ni conocedor de la cuestión que ha hecho dimitir a Bosch”, pidió el diputado de Ciudadanos David Mejías.

ERC se insiste en el mensaje de ejemplaridad pero hay un sector que acepta que no se actuó del todo bien. Sin embargo, miran con cierta estupefacción la reacción de Junts per Catalunya que consideran que va más allá de la legítima crítica. Les sorprende, por ejemplo, la manera como se han coordinado los mensajes en las redes sociales y que el lunes, después de que el diario ‘Ara’ destapara el caso, varios jefes de prensa de varios departamentos enviaran mensajes criticando la versión de Esquerra.

La Generalitat dispone de un protocolo contra el acoso sexual y por orientación sexual desde hace cinco años. En este lustro, ha tramitado 25 denuncias, de las que 10 han resultado en efectivos “indicios” de acoso, aunque no se especifica de qué tipo ni cómo se saldaron, por una cuestión de confidencialidad. En otras 12 ocasiones se han archivado los casos; en otros dos la persona denunciante retiró la denuncia y otro se está estudiando, según detalla Pilar Sorribas, directora general de Función Pública. Un caso de acoso sexual está tipificado como falta muy grave. Del caso de Exteriores no tenían conocimiento.

La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, admitió ayer que quizá no han difundido suficientemente el protocolo entre las trabajadoras de la Generalitat —algo que comparten los sindicatos— pero descartó revisar su contenido. “No es el protocolo lo que ha fallado. Hemos actuado cuando hemos sido conocedores de los hechos”, dijo. Ninguna de las ocho afectadas o las personas que conocieron los hechos siguieron el protocolo sino que Bosch comenzó una investigación por su cuenta y ERC hizo lo propio. La tesis de Budó contrasta con la de Sorribas que alega que divulgado profusamente el instrumento. Los trabajadores de Acción Exterior emitieron una nota pidiendo modificar el protocolo y facilitar el proceso de denuncia.