“Necesitamos máxima implicación en lo que podéis considerar una medida de presión histórica y la más importante tomada por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras el ninguneo constante de nuestros gobernantes”. El pasquín ilustrado con una careta de Anonymous, la misma con la que cubrían sus rostros muchos de los manifestantes, fue distribuida el martes de la semana pasada a las puertas del Congreso de los Diputados durante una concentración de policías y guardias civiles convocada por la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol) en la que se exigía mecanismos para blindar la equiparación salarial con las policías autonómicas. Nadie firmaba el panfleto, pero las instrucciones sobre qué hacer este 10 de marzo eran claras: avisar por telefonema [llamada de la que queda constancia en un libro de registro] a comisarías y cuarteles, visitar “a un médico de confianza” que expida un justificante e ir a casa a disfrutar “de la familia […] mientras luchas por tu dignidad salarial”. Una llamada a una huelga encubierta –los policías y guardias civiles tienen prohibido ejercerla- que puso “vigilante” desde aquel día al Ministerio del Interior, según han reconocido responsables del equipo de Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, los datos recopilados durante la jornada apuntan a un fracaso de la convocatoria. En el primer turno de la mañana, solo el 0,8% de los policías nacionales que debían entrar a trabajar a lo largo del día habían anunciado que faltarían a sus puestos por motivos médicos. A las cinco de la tarde, cuando ya había entrado el segundo turno, el porcentaje se situaba en el 1,4%, según datos oficiales. “El número de bajas por motivos médicos ha sido muy similar al del cualquier día del año, que suele rondar al final de la jornada entre el 2,5 y el 3%”, destaca un alto cargo de Interior que no duda en tildar de “pinchazo total” la convocatoria.

Fuentes de la Guardia Civil aseguraban que tampoco en el instituto armado se había registrado un número de ausencias significativamente superior al ordinario. “Ha habido 53 bajas más de las habituales, sin incidencia en el servicio”, destacaba un portavoz. Similar opinión mostraban los representantes de varios de los sindicatos policiales, alguno de los cuales admitía que la incidencia de bajas médicas estaba siendo ligeramente superior a una jornada normal en algunos lugares concretos, como la localidad asturiana de Avilés. “En otros, sin embargo, hay menos ausencias”, añadían.

Diferente era la opinión del sindicato Justicia Policial (Jupol), surgido precisamente de Jusapol, la asociación que convocó la manifestación ante el Congreso en el que se repartieron los pasquines. Jupol, que en las últimas elecciones sindicales en la Policía Nacional se hizo con ocho de los 14 puestos del Consejo de la Policía reservados a los agentes, afirmaba no tener datos sobre el número de agentes que habían faltado a su puesto de trabajo, aunque su portavoz, Pablo Pérez, aseguró a EL PAÍS que algunos policías les habían llamado para denunciar que, pese a encontrarse indispuestos, habían sido forzados por sus jefes a acudir a sus puestos. En una rueda de prensa que ofreció el lunes, el secretario general de este sindicato, José María García, y su asesor legal, Antonio Vázquez, ya anunciaron que tomarían medidas legales contra Interior si se recibían denuncias de afiliados en este sentido.

En dicha comparecencia, Jupol intentó desmarcarse de la convocatoria y sus representantes tildaron de “rumores” que fuera el sindicato el que estuviera “incentivando una huelga a la francesa”. No era la primera vez que marcaban distancias con la protesta convocada. No obstante, en esta rueda de prensa, los representantes del sindicato recalcaron en varias ocasiones que respaldarían jurídicamente a aquellos agentes que necesitaran “proteger su derecho a la salud” durante este martes si alguno que se cogiera la baja durante la jornada era expedientado por Interior. El régimen disciplinario de la Policía Nacional considera como falta “muy grave” cuando un agente participa “en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios” y puede ser sancionado hasta con la separación del servicio.

Esa ambigüedad no es nueva. El mismo día de la manifestación ante el Congreso, el propio secretario general de Jupol se dirigió a los agentes concentrados a las puertas del congreso para pedirles “el apoyo para las iniciativas de los papeles [en referencia a los pasquines] que surgieron por ahí que no sé cómo han aparecido”. Además, aquel día un conocido miembro de Jusapol, Alejandro León, conocido como Jandro, difundía un vídeo por las redes sociales en el que, vestido con una camiseta con el emblema de la asociación policial, alentaba la participación en la protesta junto a agentes con el rostro embozado para no ser identificados que anunciaban un “coronavirus policial” para este 10 de marzo.

Días más tarde aparecía otro vídeo, en este caso de un agente jubilado en el que, rodeado de los emblemas de la asociación y el sindicato, también pedía la participación en la protesta de este martes. No obstante, el portavoz de Jupol, Pablo Pérez, ha insistido a este diario que estos mensajes “son opiniones personales” y, por tanto, “ajenas” a ellos y la asociación de guardias civiles Jucil. Pérez recalcó que la organización nunca iría contra la legalidad: “Nunca lo hemos hecho”.