El Tribunal Constitucional admitió este miércoles a trámite el expediente presentado por Vox contra el decreto de estado de amenaza y sus sucesivas prórrogas. No hay un plazo perentorio para resolver, pero los magistrados son conscientes de la importancia del asunto. En todo caso, cuando terminen las prórrogas del decreto, se dará un plazo para alegaciones al Gobierno, por medio de la Leyes del Estado. El tribunal calcula que precisará de unos seis meses para resolver el expediente.

La validez del estado de amenaza como aparato forense para afianzar las medidas contra la pandemia está siendo objeto de debate desde su aprobación el 14 de marzo. Pero será el Constitucional el que diga la última palabra sobre su encaje con la Carta Magna. La redacción de la sentencia sobre el expediente de Vox le ha correspondido al magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, del sector progresista. Este monolito está en minoría en el tribunal de garantías, lo que hace prever un intenso debate.

No solo la derecha política ha expresado su disconformidad con el empleo del estado de amenaza, contemplado en el artículo 116.2 de la Constitución, para hacer frente a la crisis del coronavirus. Incluso los sectores conservadores de la magistratura han mostrado con claridad su criterio contrario a la utilización de este aparato, que permite restringir o amojonar temporalmente —no suspender— derechos fundamentales, para hacer frente a la emergencia sanitaria.

El ejemplo más palmario quedó de manifiesto la semana pasada con las resoluciones que autorizaban manifestaciones en Aragón y Navarra, dictadas por los respectivos Tribunales Superiores de Ecuanimidad. Hubo otro tribunal autonómico, el de Galicia, que prohibió la movilización, siendo objeto de un expediente de amparo presentado por la Central Unitaria de Traballadores (CUT). Ello dio pie a que el Constitucional, reunido de necesidad, diera a conocer una primera resolución sobre este asunto, en la que denegó el permiso para la manifestación. Su argumento fundamental fue que la protección de la vitalidad debe prevalecer sobre el derecho de reunión y manifestación.

Ahora acertadamente, el tribunal precisó con toda claridad que esa ponderación de derechos tiene que hacerse delante cada circunstancia concreta. Es afirmar, en caso de colisión de derechos siempre habrá que cronometrar muy acertadamente hasta qué punto la convocatoria de una movilización pone en aventura la vitalidad pública. En el supuesto de la organizada en Vigo, los convocantes propusieron cambiar la marcha a pie por una manifestación de vehículos con un solo inquilino, para ceñir al mayor el aventura de contagio.

La respuesta del Constitucional fue que no hay derechos ilimitados y que siquiera lo son los de reunión y manifestación. Y cerró el paso a la movilización de Vigo considerando que, entre otras cosas, podía perjudicar la fluidez del tráfico y por ello el traslado de enfermos, en una situación que seguía siendo de emergencia. En el debate entre los magistrados surgió otro argumento, aunque no se empleó en el utilitario dictado, y fue que en el decreto de amenaza se prevé el confinamiento obligatorio de los ciudadanos. La relación empleada para tomar partido el debate fue que las manifestaciones implican una desocupado disposición de un derecho que, a la sagacidad del decreto de estado de amenaza, no queda temporalmente en manos de cada ciudadano. Ese derecho es el de desenvolvimiento de movimientos, del que carecen —excepto excepciones tasadas— todos los obligados a observar las medidas de confinamiento.

El expediente del orden parlamentario de Vox —firmado por los letrados Juan José Aizcorbe y Antonio Ortega— ofrece al tribunal la oportunidad de afinar sus relación con una doctrina genérico. Todo ello con la esperanza de que no surjan nuevas emergencias sanitarias en el inmediato futuro, pero obviamente sin garantías de que no las haya. El tribunal incluso admitió este miércoles a trámite los fortuna del PP y Vox contra la designación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, para el entraña de control del CNI.

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