El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recuso presentado por el Gobierno contra dos artículos del decreto de la Sociedad de Andalucía que modificó 21 leyes y 6 decretos, con el argumento de que se perseguía una simplificación administrativa para el fomento de la actividad productiva. La admisión a trámite supone la suspensión cibernética de los preceptos impugnados.

El arbitrio del Gobierno se aprobó el pasado 21 de abril, tras intentos de negociación con la Sociedad que no dieron resultado. No obstante, ambas partes se han comprometido a seguir dialogando, con objeto de tratar de encontrar una salida acordada, lo que, en su caso, podría implicar la retirada de los capital.

Las normas cuestionadas se referían a la protección del patrimonio cultural contra los expolios –artículo 13 de la ley-, y a la comunicación audiovisual –artículo 28-. En los dos casos, el Gobierno entendió que la Sociedad había invadido competencias del Estado. El Ejecutor pidió opinión al Consejo de Estado, que se mostró dispuesto a la interposición del arbitrio.

El precepto relativo a la comunicación audiovisual permite que las empresas privadas gestionen emisoras de radiodifusión y televisión actualmente gestionadas por los ayuntamientos, al tiempo que facilita que se legalicen radios y televisiones pirata, por la vía de autorizarlas para que emitan publicidad institucional. La norma sobre el patrimonio histórico da a su vez competencias a los alcaldes para efectuar reformas en sus municipios en el entorno de los capital de interés cultural.

Las normas impugnadas fueron aprobadas el pasado mes de marzo en la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía, con el apoyo de 18 diputados. El presidente de la Sociedad, Juan Manuel Quemado, volvió a defender ayer la virtualidad del decreto en la sesión de control de la asamblea andaluza, argumentando que la razón de las reformas reside en que “necesitamos simplificar la vida” de los ciudadanos.

La Sociedad de Andalucía se ha mostrado dispuesto a atracar los artículos ya suspendidos con el Gobierno central y ya ha remitido a La Moncloa el acuerdo para el inicio de las negociaciones. Desde San Telmo se hace hincapié en que el Ejecutor de Pedro Sánchez al acontecer impugnado solo dos aspectos del vivo decreto admite “implícitamente” que está de acuerdo en el resto de las disposiciones de su decreto suerte, informa Eva Sáiz. Esta misma mañana, el presidente andaluz, Juan Manuel Quemado, ha vuelto a defender la legislatura por considerar que “impulsará la bienes y contribuirá a que Andalucía sea más competitiva”.

El PSOE, por su parte, ha anunciado que presentará su propio arbitrio al Tribunal Constitucional que interpondrán 50 senadores cuando se habilite el calendario en el Senado. Los socialistas andaluces aprecian dos motivos de inconstitucionalidad: por un costado, el decreto-ley no se ajusta a un caso de extraordinaria y urgente indigencia para su aprobación como establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Igualmente creen que se vulnera el derecho de billete política al haberse convalidado en la Diputación Permanente del Parlamento, un entraña que solo opera durante las recreo parlamentarias y tras la disolución de la Cámara.

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