Protesta de un grupo de internos del CIE de Aluche pidiendo su liberación el pasado 17 de marzo.
Protesta de un familia de internos del CIE de Aluche pidiendo su huida el pasado 17 de marzo.Bernat Armangue / AP

Los siete centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el anexo de Tarifa están vacíos por primera vez en más de tres décadas. Tras un periodo sin nuevas horizontes, este martes y miércoles han sido liberados los últimos cuatro internos que aún estaban encerrados en el centro de Algeciras. Tres veteranos abogados especializados en extranjería consultados no recuerdan un precedente igual desde 1985, cuando se creó la figura jurídica de estos centros.

El Tarea del Interior llevaba más de 50 días poniendo en familiaridad a los internos, una vez que las restricciones fronterizas impuestas en los países de origen de los inmigrantes hacían inviable su expulsión. La ley justifica el ingreso en los CIE por un plazo mayor de 60 días para viabilizar la deportación de los internos. Sin posibilidades de expulsarlos, como advirtió el Defensor del Pueblo y han ratificado varios jueces, el toril pierde su respaldo justo.

Interior mantuvo desde el inicio del decreto de aviso que no existía una orden generalizada para pincharse los centros, pero trabajó en coordinación con la Secretaría de Estado de Migraciones para trasladar a los internos sin un ocupación donde poblar a un centro de acogida. En algunos casos, Interior liberó a los internos antaño de que se cumpliese el plazo justo, aunque en otros, como estos últimos, ha necesitado al mayor su puesta en familiaridad.

El proceso se ha dilatado durante casi dos meses y ha sido más gradual de lo que exigían las organizaciones sociales y el propio Defensor del Pueblo. El pasado 31 de marzo un sentenciador ordenó el desalojo del CIE de Las Palmas de Gran Canaria, al detectarse “un progresivo contagio” de coronavirus entre los internos. El magistrado justificó la medida en las condiciones de “acumulación” de los internos y la imposibilidad de asegurar el aislamiento en el centro. Otros jueces han ido autorizando con órdenes individuales la salida de algunos internos.

A finales de diciembre, según Interior, los centros, con 866 plazas disponibles, mantenían un 85% de ocupación. La plataforma CIEs NO ha celebrado la huida de todos los internos al considerar estos centros “incompatibles con el Estado de derecho”.

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